El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo este miércoles que tiene en marcha una investigación acerca de las denuncias que una red se apropió fraudulentamente de las acciones de la compañía Costa Dorada y con ello de un terreno costero en Baní, de más de 6,3 millones de metros cuadrados, ha generado preocupación sobre la seguridad jurídica en el país, en el liderazgo nacional.
Ulloa adelantó que dará a conocer los resultados, luego de agotado el debido proceso. “Nosotros fuimos visitados por una de las partes y justamente conocimos la documentación, estamos en el proceso de revisión de la misma. Como tal cual dicen los medios de comunicación que se han hecho eco, que han dado la voz de alerta, existen características que deben ser revisadas”, dijo.
En ese sentido, el defensor del Pueblo afirmó que ahora se encuentran en la fase de investigación, por lo que es necesario agotar el debido proceso interno, para luego plantear una posición institucional.
Seguridad jurídica
Sobre la seguridad jurídica del país también reaccionaron el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó; el senador Charlie Mariotti; el diputado José Horacio Rodríguez; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el candidato a alcalde por el Distrito Nacional, Domingo Contreras y los expresidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache y Celso Marranzini.
Brache planteó la necesidad de continuar reforzando la seguridad jurídica, para que cada vez sea mejor. “Eso es algo por lo que los empresarios siempre hemos luchado, creo que eso es algo que hemos ido mejorando todos los años, siempre hay que estar atento, pero yo creo que lo importante es que se sea enérgico como se está haciendo en este caso y que haya seguridad jurídica para que esa propiedad privada siempre esté garantizada”, dijo Brache.
Sobre Costa Dorada dijo que este es un caso de algunos que han surgido y ante la inquietud de si afecta nuevos negocios, respondió que a través de la historia la inversión extranjera sigue llegando al país.
El también expresidente del CONEP, Celso Marranzini, señaló que aunque no tiene detalles del caso Costa Dorada, si se trata de un proyecto se debe respetar.
De su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que hay una comisión designada por el presidente Luis Abinader, sobre el tema de los terrenos involucrados en asuntos de estafas, ya que no sólo están siendo afectados terrenos privados, sino también públicos.
“El caso de lo que tiene que ver con Lajun, con ese caso de los terrenos municipales, que es una condena contra todos nosotros. La ley es buena, las normas son buenas para lo público y para lo privado”, aseveró Ortiz Bosch.
Acerca del tema también habló José Horacio Rodríguez, diputado por el partido Opción Democrática, quien entiende que el tema de la seguridad jurídica en República Dominicana es un desafío para que el Gobierno siga atrayendo inversiones.
“Esto es un desafío para seguir atrayendo como país inversión extranjera, para seguir promoviendo la propia industria del turismo y protegiendo los derechos de los propios ciudadanos. Hay que fortalecer la seguridad jurídica para que situaciones como esa no pasen, de las que han sido víctima muchos dominicanos, que han comprado títulos que después resultan que están falsificados. Hay que fortalecer la jurisdicción inmobiliaria”, dijo el legislador.
En tanto que el candidato a alcalde por el Distrito Nacional, Domingo Contreras, consideró que el aparato judicial tiene que responder. “Todo lo que es seguridad jurídica es fundamental”, manifestó Contreras.
Charlie Mariotti en cambio, hizo mención del informe del Departamento de Estado norteamericano, cuando se refiere a la seguridad jurídica del país.
“Yo me remito al informe del Departamento de Estado norteamericano cuando se refiere a la seguridad jurídica en República Dominicana. Si en algún momento la seguridad jurídica ha sido débil en la República Dominicana es precisamente en este Gobierno”, respondió el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti.
Mientras, Víctor – Ito- Bisonó por su parte afirmó, que la respuesta seguirá siendo la misma en un Estado de derecho, garantía jurídica “y dentro de la garantía jurídica, el derecho a la propiedad está de primero”.
Se recuerda que sobre Costa Dorada, las familias Mayol y Serrano denunciaron que para usurpar su propiedad, una organización mafiosa, integrada por abogados, contadores y militares, falsificó cientos de documentos entre ellos contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros y declaraciones juradas.
