Hoy es un día que como país llevábamos esperando hace más de 12 años y por fín ha llegado. El martes el poder legislativo aprobó la ley de Extinción de Dominio y hoy mismo he firmado su aprobación para su desarrollo e implementación.
Lo que tanto tiempo costó por fín es una realidad impulsada por nuestro gobierno y por el Congreso de la República Dominicana.
Los anhelos del pueblo dominicano y sus reivindicaciones han sido atendidos y se plasman en esta ley.
Es mucho más que una norma, es el compromiso más firme para hacer de este país una nación más justa, más digna, un Estado de derechos.
Desde que tomé juramento como presidente hice la promesa de luchar contra la impunidad y combatir la corrupción. Desde el primer día que pisé este palacio hay un Ministerio Público independiente. Uno donde todos estamos sometidos a las mismas normas y los mismos deberes como servidores públicos.
Pero hoy añadimos un paso más en esta nueva república que estamos construyendo. Lo que hasta ahora está en los bolsillos de algunas personas de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños: el pueblo dominicano.
Quien haya cometido un delito, quien haya incurrido en actos de narcotráfico quien se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado. Ahora y con la fuerza de la ley ese dinero deberá volver al Estado.
En este país quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado, así de simple y así de contundente. Esta ley que hoy se empieza a desarrollar implica, entre otras cosas, la justicia restaurativa un concepto nuevo en nuestro ordenamiento. Porque no solo se sanciona, sino que se restaura el daño causado.
La Extinción de Dominio es un instituto dirigido contra los bienes de origen o de destinación ilícita. Como tal es un instrumento que busca complementar el conjunto de medidas institucionales ilegales que estamos adaptando en todos los ámbitos y desde el primer día.
Por su naturaleza y alcance se constituye en mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra la corrupción organizada, el narcotráfico y otros ilícitos. Se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran las riquezas derivadas de la actividad delictiva.
El corrupto siempre busca lucrarse y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país. Pero nosotros, los dominicanos y dominicanas sabemos que somos gente honesta y trabajadora y que todo nos lo hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo.
Nadie puede ensuciar el buen nombre de nuestro país ni puede quedar impune ¡ya no puede!
Vamos a recuperar lo nuestro con determinación y con justicia. Quiero advertir además que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de Extinción. Incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento. Incurrirán en responsabilidad civil y multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión.
Así como su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Esta ley es una conquista del pueblo dominicano que se mantuvo atento al curso de esta iniciativa en las cámaras legislativas. Solo resta que esa vigilia ciudadana se mantenga atenta al momento que esta ley sea aplicada para la recuperación en provecho de todos.
El cambio que hoy introducimos en nuestro ordenamiento jurídico ensancha los márgenes de nuestro país y lo coloca como una democracia avanzada.