La abogada Laura Acosta expuso los detalles del presunto fraude al que fueron sometidos sus defendidos tras el “robo” de terrenos de alto valor económico que se encontraban a nombre de Costa Dorada.
Durante entrevista exclusiva en Cada Vez Más Cerca, conducido por el arquitecto Kalil Michel y acompañado por la también abogada y comunicadora Susana Gautreau, Acosta explicó que unas familias son dueñas de terrenos con más de seis millones de metros cuadrados con acceso al mar, con un alto valor económico, cuya propiedad en los títulos de propiedad es una compañía llamada Costa Dorada desde 1967.
Entonces, las familias al ser accionistas, deciden actualizar la compañía con la nueva Ley de Sociedades. “Cuando van al registro mercantil se encuentran que esa compañía es de otra gente. Buscan los documentos y ven que están a nombre de un supuesto señor que se llama Luis Minervino”
En ese sentido, los propietarios demandaron declarar la nulidad en las asambleas donde el señor Minervino supuestamente habría comprado a muchas personas.
Desde la óptica de la profesional del derecho, con que se haya falsificado la firma de una persona fallecida es como para que quienes se beneficiaron de ese acto estuvieran presos y el caso cerrado.
Acosta afirmó que la primera queja es contra la Fiscalía del Distrito Nacional, donde tuvieron que pasar un viacrucis momentáneamente. Además, se quejó de que en la acusación no están todos los implicados.
“Saca a una que es la que tramitó los documentos en el Registro Mercantil con un poder del muerto”, puntualizó, al señalar que el alegato fue que eso estaba prescrito.
Laura Acosta fue enfática en denunciar la supuesta estrategia de dilatar para que el juicio se conozca sin su presencia, ya que el Segundo Colegiado se maneja con el criterio de que el auto de apertura no se recurre, al menos de que sea en caso excepcional, ellos no suspenden el juicio de fondo.
“Jurídicamente tenemos que remitirle instancia a los jueces para pronto despacho para que fallen rápidamente la recusación y nos puedan conocer el recurso de apelación”, apuntó.
Denunció que los jueces han fijado el reconocimiento de una recusación a más de 60 días, cuando la ley manda a que se haga en solamente tres.
“La Justicia debería cuidarse más en este caso porque una de las imputadas es familiar de una jueza de la Suprema Corte de Justicia”, dijo, no sin aclarar que la magistrada es una persona correcta hasta donde se sabe.
Manifestó que la gravedad del hecho adquiere interés público por lo que significa frente al del derecho de propiedad de los dominicanos comunes. “Esto significa que aquí no hay seguridad jurídica”.
La abogada defensora fue enfática en advertir sobre el peligro para la seguridad jurídica si se conoce el juicio y los imputados quedan absueltos porque las víctimas no están ahí o si las víctimas no reciben el debido resarcimiento.
