Abogado Miguel Valerio dice que la Ley1-24 que crea la DNI debió ser más consensuada

SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio expresó ante la sentencia TC/0767/24 del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución la Ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) esta norma debió ser más consensuada debido a que violaba derechos de los ciudadanos y no trataba temas fundamentales como el tráfico de inmigrantes.

Valerio manifestó que esta será una oportunidad para que el gobierno cree una ley del sistema nacional de inteligencia que permita que los ciudadanos se sientan más seguros, debido a que confunde el sistema de justicia criminal con el de inteligencia.

“Esta fue una ley controversial en el contenido y en la forma en que regía la ley y cómo esta iba a restringir los derechos de la intimidad de las personas, por lo que el Tribunal Constitucional falló en contra de la aprobación de esta norma”, dijo.

Durante una entrevista en el programa “Demócrata TV”, conducido por el periodista Francisco Tavárez, dijo que uno de los aspectos positivos que tenía la ley era que le daba transparencia a un organismo que, según este, había sido opaco, como era el DNI.

En otro orden, en cuanto al tema de la reforma constitucional que reformó el Consejo Nacional de la Magistratura, manifestó que el presidente Luis Abinader es un “preso” de su reforma debido a que esta debió pasar por un referéndum, por lo que debería ser más perceptiva y más democrática.

“Se nota un desbalance en el gobierno donde todos en el partido, al saber que el presidente Abinader no será candidato, han salido desesperados a postularse como aspirantes en una agrupación que tiene rasgos anárquicos”, sostuvo.

Señaló que en la Constitución hay un cambio muy sutil donde afirmaba que la política criminal era dirigida por el Ministerio Público; ahora establece que la política de persecución es dirigida por ese organismo, lo que, a su juicio, constituye un atraso conceptual.

El jurista sostuvo que estos cambios además permitirían que el presidente o algunos de los funcionarios pudieran ser perseguidos judicialmente por el procurador en turno, inclusive si existieran intereses particulares por parte de este.

En cuanto a la gestión de la procuradora Miriam German, manifestó que esta tuvo una alta concentración en los casos de corrupción cuando el organismo debe concentrarse en asuntos más complejos debido a que existe corrupción en el sistema.

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