En marzo de 2016 instituciones castrenses dominicanas fueron sacudidas por un fuerte escándalo de corrupción: el caso de los Super Tucano.
A mediados de ese mes un consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A. Elio Moti Sonnenfeld, admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos. Para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares. De acuerdo a un reportaje publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal.
Según la investigación de este periódico, Sonnenfeld admitió haber recibido una comisión millonaria para un trabajo que nunca se realizó. Porque el dinero fue entregado a un funcionario dominicano no identificado, a fin de garantizar la adjudicación del mencionado contrato.
Acto seguido el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, hizo una orden a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Le pidió iniciar la investigación a esta compra.
Sin embargo, es en septiembre de 2017 cuando el Ministerio Público, bajo el mando de Jean Alain Rodríguez, presenta su acusación formal de seis personas. También tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio. Y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Inicialmente, los imputados fueron el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio. El exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández. Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
Pero a pesar de estas alegaciones, solo a cuatro del grupo le fue aplicada medida de coerción. Mientras solo uno, Piccini Núñez, guardó prisión preventiva por el caso, a ser cumplida en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
A Peña Antonio, se le impidió la salida del país y se le impuso presentación periódica. A los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández le pusieron brazaletes electrónicos y no podían salir del territorio del Gran Santo Domingo.
No obstante, casi tres años después el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción de Piccini Núñez. Lo dejó en libertad y dispuso el pago de RD$1 millón bajo la modalidad de fianza y presentación periódica por ante la Pepca.
A finales de marzo del año 2021 fueron enviado a juicio de fondo Peña Antonio y Piccini Núñez. Al mismo tiempo que fue dictado auto de no ha lugar a juicio respecto de los imputados del Orbe Berroa y Abreu Rosario.
Fue descargado similarmente Aquino Méndez, aunque su hijo Daniel siguió en juicio.
Por el caso el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández. Además del pago de una multa de US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías imputadas, solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
El pasado lunes el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de sobornos para la compra de Super Tucano. Siendo descargados por insuficiencia de pruebas Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, así como las empresas 4D Busssines Group y Magycorp.
El Ministerio Público dijo que apelará la sentencia que descarga de toda culpa a los implicados.
