Santo Domingo. – El abogado y aspirante a juez del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Simón, propuso esta mañana la aplicación de astreintes a funcionarios que incumplen las sentencias de esa alta corte.
“Si el Tribunal Constitucional decidiera aplicar sanciones económicas por el incumplimiento de una sentencia, es decir, que afecten el bolsillo del funcionario, incluso después de dejar su cargo, estos cumplirían”, afirmó Simón.
El jurista, quien es candidato a juez del TC, fue entrevistado en el programa “El Demócrata TV”, que se transmite de 7:00 a 8:00 de la mañana por Teleradio América, canales 12 y 45, bajo la conducción del periodista Francisco Tavárez.
Una astreinte es una condena pecuniaria que se aplica para asegurar el cumplimiento de una sentencia, sin tener fines indemnizatorios, sino que busca forzar, mediante un acto de autoridad, la ejecución de lo dispuesto por la sentencia en caso de demora.
Con esta medida, el destacado abogado insistió que se reduciría el incumplimiento de las disposiciones constitucionales.
“La Constitución de la República establece que el funcionario compromete su patrimonio personal cuando viola la Constitución o una norma. Esto se conoce como responsabilidad personal patrimonial, lo que significa que el funcionario es responsable de pagar con su propio dinero por las violaciones a las normativas”, explicó Simón.
El veterano abogado también destacó la necesidad de mejorar la prontitud en los plazos y las medidas ejecutorias.
Señaló que una vez que se han reconocido las denuncias de un querellante, se tarda mucho tiempo en aplicar medidas y responder a sus quejas.
“Se han establecido mecanismos, pero es necesario implementar un mecanismo más eficaz, y la astreinte es una opción viable”, añadió.
Incumplimientos
En agosto pasado, el Tribunal Constitucional reveló las instituciones responsables de las sentencias no cumplidas.
Informó que la Policía Nacional encabezaba la lista de los desacatados a las sentencias, con un total de 22, la mayoría de las cuales ordena la reposición de oficiales y subalternos.
Las Fuerzas Armadas también tienen ocho sentencias pendientes de ejecución, que incluyen al Comité de Retiro de la Armada, el Ejército Nacional y el Instituto de Seguridad Social.
Otras nueve sentencias están relacionadas con varias Alcaldías, incluyendo las de Santiago (dos), Santo Domingo Este, San Juan de la Maguana, Pedro Brand, Concejo de Regidores de Esperanza, la Junta Municipal de Salcedo y la de Monserrat.
Además, otras instituciones públicas que no han cumplido con las órdenes del Tribunal Constitucional incluyen al Instituto Agrario Dominicano (IAD), con cuatro sentencias; al Ministerio de Educación, con tres; y al Ministerio de Hacienda, con dos.
