El Centro Juan XXIII ha venido observando un crecimiento de opinión en torno al uso de las energías renovables, especialmente de la tecnología fotovoltaica basada en el aprovechamiento de la luz solar a través de placas o paneles, moviendo a preocupación que los recientes informes se orientan a cuestionar su implementación y fomento asignándole responsabilidad de la situación de déficit en las empresas distribuidoras de electricidad y en las finanzas del Estado.
Estos informes, más que pretender conciliar políticas favorables a su uso, apuntan a promover desde la regulación el restringir el derecho que tiene el usuario de hacer uso de paneles solares para mitigar el gran problema del costo del suministro eléctrico y aprovechar un recurso natural que le resulta favorable y amigable con el medioambiente.
Nuestro país ha ido dando pasos hacia la conquista de aquellas metas definidas en nuestros compromisos internacionales y en la legislación interna, en especial, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que presentan las energías renovables como uno de los objetivos principales para el desarrollo nacional y una política responsable y amigable con el medioambiente, reforzando la necesidad de apuntalar nuestra independencia energética y mitigar el excesivo gasto público por el uso intensivo de los combustibles fósiles, que tanto impacta en el sector energético.
El modelo de generación distribuida, que permite a los usuarios hacer uso de la tecnología fotovoltaica, ha sido una gran conquista en nuestro mercado, alineada con la tendencia global de promover incentivos para la reducción del impacto económico que provoca un sistema eléctrico mayorista en las finanzas personales y empresariales. Limitar el uso de los paneles solares bajo un argumento de afectación al negocio de las empresas suministradoras de energía puede resultar en la promoción de monopolios y en un atentado al derecho conquistado y reconocido a los usuarios de tener acceso a la energía eléctrica, acceso que no es exclusivo para ninguna empresa suministradora del servicio eléctrico.
Los usuarios de energía eléctrica tienen el derecho de acceder al uso de un sistema de generación renovable como son los paneles solares, ya sea para autoabastecerse total o parcialmente, y resulta contraproducente que, bajo la línea argumental de los estudios presentados, se pretenda restringir o limitar ese derecho.
El CJXXIII promueve los principios fundamentales que apuntan al bien común de la persona y de la sociedad y que se presentan como referentes para la formulación de políticas públicas sustanciales, los que por igual se derivan de la dignidad humana, priorizando la ética y la primacía de la persona.
Exhortamos a las autoridades regulatorias del sector eléctrico al uso de sus facultades y funciones con un apego estricto a esos principios en la definición de una nueva normativa para regular el uso de los paneles solares en el país.
