A casi dos meses del estallido social en el Perú, el Congreso de ese país se ha convertido en el principal culpable de postergar innecesariamente la solución a la crisis. Mientras los muertos ya superan el medio centenar y las pérdidas económicas por la paralización del país siguen sumando millones de dólares, los parlamentarios parecen más preocupados en buscar la manera de prolongar su tiempo como congresistas.
El Congreso peruano, fraccionado en minúsculas bancadas, tiene el rechazo del 87.6 por ciento de la población, según una reciente encuesta de la Compañía de Estudio de Mercados y Opinión Pública (CPI). Esta impopularidad no es gratuita. El Legislativo peruano ha suspendido la votación del adelanto electoral hasta en tres oportunidades en solo dos días, con el pretexto de “dar tiempo a las bancadas para lograr un consenso”. Esto mantiene el clima de incertidumbre entre la población.
Se informó que dicho consenso es para acordar que las elecciones que se convoquen sean complementarias. Es decir, que quienes resulten electos completen el período presidencial y legislativo para el que originalmente fue elegido Castillo hasta julio 2026. Esto les permitiría a los actuales parlamentarios postular para su reelección.
Es válido pensar que, como los congresistas saben que en medio de su abrumadora impopularidad tienen aún una cuota de poder, la quieran aprovechar al máximo para extender lo más posible su permanencia en los escaños. Porque si lograron en tiempo récord 101 votos en diciembre para vacar al expresidente golpista Pedro Castillo, no debería haber problema para lograr 87 votos en dos legislaturas, avanzar en el adelanto de elecciones para diciembre 2023 y solucionar parte importante de la crisis.
Aquí es evidente el oportunismo de los parlamentarios peruanos y cómo actúan de espaladas a quienes dicen representar. Castillo anunció el cierre del Congreso, entonces actuaron para salvar sus puestos, justificando la velocidad con la que aprobaron la vacancia en que el autogolpe era una ruptura del orden constitucional. Lo cual es cierto, pero la desesperante paciencia de los legisladores en la caótica actualidad del país deja mucho que desear sobre cuáles son sus verdaderos intereses.
Algunos, como el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, culpa al ahora encarcelado Castillo de la alta desaprobación del Congreso. Dice que fue una campaña de desprestigio y que en parte es por ello que su pequeña bancada de solo 9 parlamentarios se opone al adelanto de elecciones. Dijo ‘fuimos elegidos para un determinado período que debemos cumplir’. “Es una posición constitucional, no porque queremos aferrarnos a nuestros curules”, declaró. También dijo que no cree que en la siguiente sesión cambie el panorama.
Al parecer el señor Montoya y otros de sus colegas han olvidado que sus funciones constitucionales como congresista son: representar, legislar y fiscalizar. En este momento deben representar cabalmente los intereses de la población aprobando de inmediato el adelanto de elecciones sin buscar odiosas concesiones políticas y legislar con celeridad acorde con la urgencia del país.
Otra maniobra que luce como dilatoria por parte del Congreso, es el hecho de que si no se aprueba por 87 votos en dos legislaturas el adelanto de elecciones, se deberá convocar a un referéndum ratificatorio en un plazo legal no mayor cuatro meses. Es decir, en mayo los peruanos tendrían que ir a las urnas en medio de la convulsión social para realizar el trabajo que los congresistas se niegan a hacer.
En este escenario, la primera vuelta electoral no sería ya en diciembre del 2023, sino en febrero 2024. Esto porque la ley establece un plazo mínimo de nueve meses entre la aprobación, la convocatoria y la realización de las elecciones, explicó Fernándo Velezmoro, abogado experto en legislación electoral en Radio Programas del Perú.
Trascendió que la izquierda en el Congreso tendría la intención de forzar el referéndum ratificatorio para incluir en la boleta la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. Pero esto no es posible, pues ese tema no fue votado sin mayoría de 87 en dos legislaturas, como lo requieren las reformas de naturaleza constitucional como lo es el adelanto de elecciones y recorte de períodos presidenciales y congresales.
La reforma constitucional
La presidenta Dina Boluarte, quien tiene el 70,6 por ciento de rechazo de la población según CPI, también entró al juego de complacer a la izquierda en el Legislativo. Anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que el próximo Congreso que sea electo le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la vigente Carta Magna de 1993. Boluarte dijo que este proyecto calza ‘perfectamente’ con la expectativa de un sector del Congreso que condiciona la aprobación del adelanto de elecciones a la inclusión de una Asamblea Constituyente en los acuerdos.
La mandataria se ampara para esto en una ley aprobada en 2001 y la justifica diciendo que así participarán del proceso “los sectores más excluidos de la sociedad”. Boluarte no se da cuenta que deja en manos de un Congreso inmensamente impopular la exigencia demagógica de la reforma constitucional y posteriormente en manos un desconcertado pueblo su aprobación mediante un referéndum. Bien dijo a la prensa el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia: “el cambio de la Constitución, por sí mismo, no es sinónimo de desarrollo económico en ninguna parte del mundo”.
Por José Andreu Figueroa. Miami, Florida
