SANTO DOMINGO.-El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Tobías Crespo, afirmó que las muertes por accidentes de tránsito se pueden evitar a través de la educación a los conductores y sancionar a los infractores de las leyes.
“Los accidentes de tránsito a nivel mundial son una pandemia, pero en el país su efecto es mayor porque lideramos el índice de muerte por esa causa a nivel nacional porque fallecen al menos 8 personas al año a pesar de haber sido establecido un plan estratégico nacional de seguridad vial”, dijo.
El ex director de Tránsito Terrestre sostuvo que la Ley establece que las autoridades de tránsito deben ser un organismo para la prevención y no una institución represiva, por lo que debe capacitar a los agentes en el análisis, el informe y el peritaje para que una vez que haya un accidente puedan proceder a investigar de manera correcta.
Tobías Crespo produjo sus declaraciones al ser consultado sobre el accidente de tránsito donde murió el hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, por parte de la nacional venezolana residente en el país Skarle Valentina Mojica Zapata.
Durante una entrevista en el programa “El Demócrata TV”, por el periodista Francisco Tavárez, expresó que todo esto debe llevar a la creación de un informe técnico en el caso de que determine quién fue el responsable del accidente, sus afectados y el daño que causó.
“En esta investigación se debe comprobar si cuando hay una muerte por accidente de tránsito ocurrió un homicidio voluntario, porque cuando ocurre de manera involuntaria las leyes penales son más benignas con el responsable”, explicó.
Sostuvo que actualmente el país tiene unas leyes nuevas con sanciones viejas porque son multas que se aplican mediante el seguimiento de un modelo del año 2007, por lo que abogó por que se deben monitorear y vigilar las vías públicas debido a que los ciudadanos violan las leyes.
El legislador dijo que para que exista un cambio debe haber una voluntad por parte de las autoridades políticas mediante la inversión de recursos que permitan establecer un orden en la seguridad vial, y que los organismos que regulan el tránsito lleven a cabo su labor de una manera correcta.
