Con mucha frecuencia la sociedad dominicana suele quejarse del servicio de transporte público por el alto precio y el mal estado de los vehículos. Entiende la ciudadanía que, para lo que se cobra, se debería tener mejor trato.
Lo que difícilmente se detienen los usuarios del transporte público es analizar toda la mafia que opera detrás de este negocio. Desde hace mucho tiempo los “sindicatos” de transporte público pasaron a convertirse en grupos de presión que le exigen al Estado reivindicaciones.
Esto de alguna manera lo inició el PRD quien creó una estrategia de hacer oposición a través de estos grupos. Es por eso que se observa la relación tan cercana de este partido con estos gremios, de hecho hasta tienen un senador por ese partido. Pero ¿cómo operan estos negocios?
Cada persona que tiene una ruta debe pagar un costo de afiliación siendo las rutas cortas quienes pagan más dinero. Por ejemplo el trayecto que recorre una ruta desde los Cerros de Sabana Perdida hasta la bomba de Los Minas la afiliación cuesta 150 mil pesos.
Para cubrir la ruta Santo Domingo-Santiago la afiliación cuesta cinco millones de pesos y hay que renovar con los rótulos de manera anual. Los vehículos no siempre son de quienes los conducen porque la cantidad es limitada y por consiguiente la entrada de nuevos miembros también.
Esto hace que los dueños de los vehículos sean los mismos sindicalistas que venden y mercadean las rutas. Entonces la mafia reside en quienes pueden afiliar un vehículo porque el costo de afiliación supera el del vehículo.
Otro costo es el derecho a turno el cual se eleva en función de la capacidad de transporte de los vehículos. Desde hace un tiempo estos grupos lograron presionar al gobierno para que se incluya un impuesto adicional en el galón de combustible.
Resulta que en los gobiernos del PLD y de Hipólito se realizaron dos programas para financiar a los choferes vehículos nuevos. Esto con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y que debían pagar mensualmente. En realidad estos pagos nunca sucedieron y al final se identificó una mafia en dichos planes.
Una vez sucede esto los choferes volvieron a solicitar al gobierno una ayuda para cambiar sus vehículos. Sentados en la mesa del diálogo se acordó asignar dos pesos extras al galón de combustible que sería para estos fines. De manera que lograron transferir a la población sus propias necedidades.
Con el propósito de que no aumentaran los costos del pasaje también se les otorga un subsidio en los combustibles que muchos lo mercadean. Además los ayuntamientos le pagan a los sindicatos un porcentaje del dinero que se cobra por la vía de los impuestos relacionados con el transporte.
Como se puede observar es un negocio que en sí mismo es una mafia en donde la población es la más afectada. Paga un servicio caro, deficiente, con personas de pocas relaciones humanas y para colmo tenemos que pagarles la vida.
¿Si usted fuese presidente qué haría?
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata
