El Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó la extradición del expresidente del Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), quien enfrenta cargos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Toledo ha rechazado el primer requerimiento para que se entregue voluntariamente, según informó el fiscal Rafel Vela, quien encabeza el Equipo Especial Lava Jato, encargado de las investigaciones de los casos de corrupción vinculados a la constructora brasilera Odebretcht.
El expresidente, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en California y porta un grillete electrónico, habría recibido sobornos de Odebretcht por unos $25 millones de dólares para beneficiarse de la licitación de la carretera Interoceánica, según los fiscales federales del Buró de Brooklyn en Nueva York.
El fiscal Vela explicó que Toledo ha rechazado su entrega voluntaria debido a que existe una apelación en la forma de Habeas Corpus ante el juez norteamericano del caso, Thomas Hixon. “Por esto las autoridades norteamericanas han solicitado al juez que revoque el arresto domiciliario y la fianza que tenía para proceder a su detención y entrega”, dijo Vela en entrevista con Radio Programas del Perú.
Por el caso Odebretcht Toledo enfrenta una condena de poco más de 20 años de cárcel, que es lo solicitado por la fiscalía peruana. El proceso judicial que ha resultado en la aprobación de la extradición de Toledo, tuvo una envión importante el 2021 cuando un juez federal de Estados Unidos dijo que la evidencia presentada es suficiente para sustentar los cargos de lavado de dinero y colusión.
Pese a que se conoció que la defensa de Toledo presentará un recurso en la Corte del Distrito Norte de California para suspender el proceso de extradición, existe optimismo en que el traslado final de Toledo a territorio peruano no demore más de siete u ocho semanas, informó el fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía. Rebaza agregó que el proceso de extradición de Toledo ya “pasó por todas sus etapas” y que solo restan las coordinaciones entre el gobierno peruano y estadounidense para el traslado del expresidente.
El pedido de extradición de Toledo se remonta al 28 de diciembre de 2017 cuando la fiscalía lo solicitó por primera vez. El pedido fue admitido el 19 de febrero del 2018 y el juez envía el cuaderno de extradición a la Corte Suprema, que lo aprueba el 13 de marzo de ese año.
Una semana después es el Consejo de Ministros el que aprueba la extradición de Toledo, y el 25 de mayo 2018 la Cancillería peruana envía la solicitud de extradición a Estados Unidos. Mientras los documentos son evaluados por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el gobierno del Perú autoriza la contratación del bufete de abogados Foley Hoag LLP, localizada en Estados Unidos para asesorar a las autoridades con el proceso.
Toledo es detenido el 16 de julio del 2019 y permanece recluido hasta en dos centros penitenciarios hasta el 20 de marzo del 2020 cuando es liberado. tras imponérsele arresto domiciliario una fianza de un millón de dólares, que paga con ayuda de amigos. Desde ese entonces, el expresidente y su defensa han intentado de todo para evitar su ahora inminente extradición al Perú.
Por José Andreu Figueroa. Miami, Florida.
