En el día de hoy inicia la aplicación del primer desmonte del subsidio a la tarifa eléctrica, lo que provocará un aumento en el precio del servicio. Especialmente el que pagan los clientes residenciales de las empresas distribuidoras (EDE) de hasta RD$53.89, en promedio, dependiendo el nivel de consumo.
Esta es una medida cuyos efectos son más negativos que positivos para la población, sobre todo la gente empobrecida y la clase media.
En la resolución 075-2021 la Superintendencia de Electricidad establece la metodología y la implementación de la tarifa de transición acordada en el Pacto Eléctrico. Esto es lo que en el pacto se le llamaba la tarifa técnica. La resolución establece un ajuste, eliminando los subsidios, en un período de mediano a largo plazo. Esta resolución empezará a aplicarse a partir de noviembre de este año y termina en octubre del 2026.
La tarifa eléctrica está subsidiada por el gobierno actualmente. De cero a 200 kilovatios (kw) el precio es de RD$4.44. De 200 a 300 es de RD$6.97, de 300 a 700 es de RD$10.86. Y si el consumo es más de 700 el precio del kilovatio es de RD$11.10. La diferencia es que si el consumidor se pasa de los 700 KW entonces pierdes el subsidio. Y la factura está basada solo en el precio de RD$11.10 por kilovatio.
Con esta medida, definitivamente que el costo será mayor, aunque el aumento se aplicará de manera gradual en cinco años.
Esta medida afecta de manera negativa a la población pues el costo de la energía se incrementará.
La clase media será la más afectada y las empresas de menor tamaño. Los usuarios de Bonoluz seguirán siendo subsidiados. Las empresas grandes, en su gran mayoría, son clientes no regulados, que caen en otra categoría. Por lo general, el costo de los productos de primera necesidad aumenta cuando los costos de la energía suben. Y esto afecta en mayor medida a la clase media y a la clase pobre.
Estado se ha estado endeudado a través de muchos años para cubrir las deficiencias e ineficiencias del sector eléctrico. Las distribuidoras tienen pérdidas que rondan entre 20 y 30 por ciento de la energía servida. También tienen una nómina de empleados muy voluminosa y otros gastos administrativos que las hacen muy ineficientes. El gobierno no puede seguir asumiendo las ineficiencias del sector y tiene que obligar a las distribuidoras a reducir sus costos. Al mismo tiempo deben mejorar el servicio y los niveles de cobranza.
Si la implementación de esta medida mejorará el servicio eléctrico es la pregunta del millón, pues no necesariamente. Depende de las inversiones y las mejoras que se puedan implementar en el sector. Si el petróleo sigue subiendo, puede ser que la mayor parte de ese incremento en la factura eléctrica sea solo para cubrir el alza. Sobre todo en los precios de los combustibles fósiles.
