Más de 50 muertos y centenares de heridos en las manifestaciones ahora convertidas en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada, más de 145 puntos bloqueados en vías y carreteras que impiden el transporte de suministros y pacientes. Además, la toma violenta de aeropuertos en la sierra sur, universidades, el incendio de un edificio en el centro de Lima y actos vandálicos en diversos puntos de la capital. Esto a la par de un Congreso sumamente impopular y fraccionado en micro bancadas que poco hace para darle una urgente solución política a la crisis social desatada en el Perú desde el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó un autogolpe de estado.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pero esta demanda no será posible, pues la mandataria ya dijo que no renunciará. Piden también la liberación de Castillo. Lo que no es legalmente posible, pues enfrenta cargas de rebelión y conspiración por el autogolpe y otros procesos por corrupción en los que están implicados muchos de su entorno familiar.
La exigencia de adelanto de elecciones es la única demanda pública que está en camino de aprobación en el Congreso, aunque no sin obstáculos. Debido a que el adelanto de los comicios tiene carácter de reforma constitucional, ésta se debe aprobar en dos legislaturas. Ya el Legislativo peruano pasó en diciembre la iniciativa para convocar a elecciones en el 2024.
Para la aprobación definitiva de las bancadas, principalmente de izquierda han condicionado sus votos favorables al adelanto, a que se incluya en la iniciativa un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente. Es decir, mientras el país se desangra y clama por una solución urgente, un grupo de congresistas antepone su agenda política a la búsqueda de la paz y la estabilidad. El 83 por ciento de los peruanos cree que adelantar los comicios es fundamental para salir de la crisis, según una encuesta realizada en diciembre último por el Instituto de Estudios Peruanos.
En este acto de evidente chantaje a la nación, las bancadas de izquierda tienen un improbable aliado indirecto en la derecha, aunque con diferentes motivaciones. Se trata de la bancada de Renovación Popular que está en desacuerdo total con el adelanto de elecciones y pide, sin exigir concesión alguna, que la presidenta Boluarte culmine su mandato hasta el 2026.
El presidente del Congreso peruano, Jose Williams, dijo que los legisladores que aprobaron en diciembre el adelanto de las elecciones deben ratificar ese compromiso cuando se vote nuevamente. Williams preside un Congreso altamente impopular que cerró el 2022 con un 82 por ciento de desaprobación, según una encuesta de Ipsos Perú. Por ello, ante una eventual renuncia de Boluarte, Williams, el siguiente en la sucesión constitucional a la presidencia, enfrentaría mucho rechazo popular de asumir el mando.
A la crisis social y política reinante se suma el temor de los peruanos sobre el aparente renacer del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los militantes remanentes de esta organización que bañó de sangre al Perú durante las décadas de los 80 y 90 son sospechosos de azuzar,promover, organizar e incluso financiar las tomas violentas de aeropuertos y los enfrentamientos con la policía que ya han cobrado más de 50 Vidas principalmente en los departamentos pobres de la sierra sur.
El rostro de este temor es el de la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’, quien fue detenida en Huamanga, Ayacucho con otras seis personas de su cuadro dirigencial acusados de coordinar la toma violenta del aeropuerto de esa ciudad. Leandro Melgar fue miembro de Sendero Luminoso durante los 80’s y 90’s. Incluso la camarada Cusi purgó cárcel tras ser acusada de participar en atentados terroristas en ese tiempo, según los atestados de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote).
Hoy lunes el Poder Judicial evaluará la apelación de ‘Cusi’ para que se levante el pedido de 15 días de prisión preventiva de la fiscalía contra ella tras acusarla de delitos contra la tranquilidad pública. Leandro y los otros acusados permanecen detenidos en la Dircote en Lima.
Informes del Ministerio del Interior elaborados en diciembre han identificado hasta 130 miembros de rondas campesinas, frentes de defensa y gremios que estarían detrás de la coordinación de las violentas protestas que se reanudaron el 4 de enero en 19 regiones del Perú. La crisis y los bloqueos ya descienden gravemente el abastecimiento de productos agrícolas y medicamentos a todos los puntos del país.
Solo en los primeros 11 días del 2023 se estiman en 300 millones de soles (unos 75 millones de dólares) las pérdidas económicas del Perú. Especialmente en las zonas más convulsas y pobres de la sierra sur, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
La utilización política de las necesidades legítimas de las personas que viven en las zonas más pobres del Perú, es lo que hace más grave la situación, posterga y condiciona la solución a la crisis. Profundiza las diferencias en un país históricamente polarizado, y expone la debilidad y desprestigio de la institucionalidad democrática peruana.
Por: José Andreu, Miami, Florida
