Los sacerdotes que hacen vida pastoral en la provincia de Dajabón han elaborado un documento en donde establecen su posición como iglesia ante la ola de deportaciones de migrantes que viene realizando el gobierno.
Entienden que el país tiene derechos a organizar sus fronteras y a hacer cumplir la ley de migración, a lo que no tienen derecho es a violar los derechos fundamentales de las personas.
“En las deportaciones masivas, de las cuales hemos sido testigos en las últimas semanas, se están dando condiciones en las que el gobierno no puede asegurar el debido proceso, por los números tan elevados de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los agentes de Migración. Vemos que esta situación impide que haya una discriminación positiva en la que todos los nacionales haitianos que son apresados en los operativos de migración y el Ejército Nacional sean depurados de manera efectiva. Por el contrario, son tratados con métodos negadores de derechos”.
Esta acción está violando la Constitución nacional, las leyes y los convenios internacionales. Por Esta razón denunciamos que:
- Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales, en los operativos que diariamente se realizan.
- Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo” y promoviendo el miedo.
- Hay deportaciones de niños con arraigo social en la República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
- Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tanto niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
La Ley General de Migración 285-4, en su artículo 27, dice que,
“En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana.”
Entendemos que la situación de irregularidad de muchos haitianos, en la Rep Dom. igualmente es responsabilidad de los empleadores, que se aprovechan de esa situación para sacar ventajas de la explotación de la mano de obra.
Si muchos migrantes no han podido renovar su carnet, esto se debe a la no existencia de oficinas que brinden estos servicios en las provincias donde viven, deben ir a Santo Domingo. Todo esto nos confirma que el gobierno no tiene una política migratoria clara sobre Haití.
Le pedimos al gobierno,
- Detener las deportaciones masivas.
- Resolver el problema de la participación de los militares en el tráfico de personas.
- Crear centros municipales para la regularización de los migrantes.
- Implicar a los empleadores como corresponsables en la regularización de los migrantes.
- Mejorar la infraestructura de los centros de detención y crear espacios seguros para los menores, madres embazadas y lactantes, que deban ser repatriados.
- Jeshon Daniel Burdier Rodríguez
Párroco de Restauración,
Parroquia San José - Eulide Gracía Torres, MSC
Párroco del Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, Loma de Cabrera. - Roberto Guzmán Abreu, SJ, Párroco de Dajabón, Parroquia Nuestra Señora del Rosario
- Regino Martínez Bretón, SJ, Superior de la Misión Jesuita, en Dajabón
- Pedro José González Martínez, Párroco de Partido, Parroquia San Ramón Nonato
- José Núñez Mármol, SJ, Rector del ITESIL
- Jesús de León Mercedes, MSC, Vicaria del Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, Loma de Cabrera.
- Osvaldo Concepción Marte, SJ, Coordinador del Centro Montalvo, Dajabón
- Aquiles Ozuna, SJ, Director de Radio Marién
- José Ramón Rosario. Párroco de El Pino, San José Obrero
