- La denuncia la hizo el abogado Ignacio Miranda, integrante del equipo que representa a las familias Mayol y Serrano, afectadas con la usurpación de su propiedad en Bahía Las Calderas, Baní.
Santo Domingo, 8 de noviembre de 2023. El fraude inmobiliario de más de 6 millones de metros cuadrados costeros en Baní pudo ser posible porque una organización mafiosa falsificó cientos de documentos y puso a una persona fallecida a vender las acciones de la empresa Costa Dorada en beneficio de abogados, contadores y militares.
La denuncia la hizo el abogado Ignacio Miranda, integrante del equipo que representa a las familias Mayol y Serrano, al ser entrevistado en el programa El Demócrata TV que se transmite de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por Teleradio América, canales 12 y 45, bajo la conducción del periodista Francisco Tavárez.
La propiedad, adquirida en 1967 por Juan Mayol, un hombre ligado a una rica tradición empresarial se encuentra en una ubicación estratégica, colindando con proyectos turísticos de gran envergadura como Los Corbanitos y Punta Arenas. En 1977, Mayol se asoció a los hermanos Roberto y José Serrano, propietarios de Peravia Industrial, una empresa agroindustrial emblemática en la República Dominicana, fabricante de los productos de La Famosa y Jaja. Las familias tienen una tradición de 100 y 60 años respectivamente.
Miranda contó que el fraude fue descubierto a partir de 2013 cuando los abogados corporativos de las familias Serrano y Mayol intentaron transformar la empresa en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), por mandato de ley. Descubrieron que la empresa ya había sido transformada fraudulentamente en el registro mercantil, utilizando documentos falsos y firmas duplicadas digitalmente. La trama se complicó aún más cuando se encontró que una persona fallecida, Luis Américo Minervino, figuraba como propietario y había vendido acciones, como parte del fraude, a personas reales y a la empresa Global MultiBusiness Corporation.
“Entonces descubren que un día fueron depositados cuarenta años de una historia ficticia”, dijo el jurista.
Miranda afirmó que el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reveló que las firmas estampadas al pie de cada asamblea y de cada contrato era una falsificación por reproducción digital. La misma firma, agregó, está reproducida idénticamente en decenas de documentos, con los mismos trazos, lo que considera imposible, que una persona duplique su firma exactamente en el mismo lugar decenas de veces. Igualmente, señaló que la notaria que figura firmando ha negado su participación.
En medio de la demanda civil de nulidad del registro mercantil y de las transferencias de estas acciones, cuando la Cámara Civil estaba a punto de decidir, fue apoderada de una solicitud de reapertura de debates por el abogado Ricardo Elías Soto Subero, que también es coronel del Ejército y tiene una función judicial en el Tribunal de Justicia Militar, diciendo ser abogado de Costa Dorada, y que era imposible que el señor Minervino haya sido parte de esta treta porque había muerto en el año 2010.
Cuando los abogados de Costa Dorada se dieron cuenta que demandaron a una persona fallecida, regresaron a la Cámara de Comercio, con la inquietud: “Si Minervino murió, entonces, ¿quién se beneficia de este fraude?”. Miranda dijo que Global MultiBusiness Corporation es una sociedad representada, según la documentación, por Rafael Olegario Helena Regalado, que es un abogado que ha estado vinculado a esta sociedad por mucho tiempo y hoy en día todavía dice actuar a nombre de Costa Dorada y ser su representante.
Estatus del caso
El estatus del caso es complejo e inaudito, opinó Miranda, pues dos tribunales distintos están apoderados del caso al mismo tiempo.
Recordó que, en la audiencia preliminar, el juez del 7.º Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional decidió enviar a juicio a dos de los acusados, Un Acto de No Lugar a favor de una de las acusadas y excluyó a los querellantes del proceso.
“Excluyó parte de los hechos, excluyó la mayor parte de la prueba, una decisión nefasta y trágica”, criticó Miranda.
Por esta razón, indicó, el Ministerio Público y las partes querellantes recurrieron en apelación el Auto No Ha Lugar contra parte de los acusados y la exclusión indebida de las de las víctimas.
Y está también un tribunal de primera instancia, conociendo el juicio sin las partes, y se está en una situación de limbo jurídico ante el peligro de que el tribunal quiera conocer el juicio, y lo está intentando, sin los querellantes, sin parte de los hechos, sin pruebas, y por otro lado, la parte de la defensa ha estancado, recusando a los jueces de la Corte, para el conocimiento de la apelación.
