El abogado Ángel Lockward es uno de los imputados en la Operación Calamar, pero ¿de qué se le acusa específicamente? Según el documento de solicitud de medida de coerción el reputado abogado está acusado de conseguir el pago ilegal de las sumas pendientes de entrega a la presunta estructura de corrupción.
Hasta el momento Lockward ha dicho desconocer a las personas imputadas en este caso cuando el documento de acusación dice todo lo contrario.
En la acusación formulada por el Ministerio Público el abogado aparece vinculado a uno de los muchos esquemas de esta supuesta red que consistía en distraer fondos provenientes de reclamos de pagos de Deuda Administrativa por concepto de expropiación de inmuebles o adquisiciones de terrenos que era otra de las estrategias y ahí se incluye a Lokward junto a otros tantos ciudadanos.
¿Cuál era su papel en esta supuesta red y el esquema?
Según el documento acusatorio Lockward formaba parte de un grupo 19 personas dedicados exclusivamente a este esquema de la supuesta red.
Estas personas, supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, hicieron procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del PLD, y con este hecho incurrir en lavado de activos y financiero ilícito de campañas, entre otros delitos.
El documento establece que Lockward se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, que, junto a Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Esos actos ilícitos desfalcaron y estafaron al Estado Dominicano.
Además, Lockward colocaba certificados financieros de ciento de millones de pesos, a través de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.
Explica que para la comisión de estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero producto de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila.
“Agustín Mejía Ávila y Ángel Lockward, se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, ofertándole gestionar el pago irregular a través de la estructura criminal. En la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la estructura criminal del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, para lo cual utilizaron la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras”, establece.
Indica, además, que, a través de ellos recibieron el RD$296,637,125.29, y a nombre de Agustín Mejía Ávila la suma de RD$9,394,526.17, por hacer las negociaciones de los pagos y las cesiones de créditos ficticias a la estructura criminal.
En el documento se explica que, en el entramado de corrupción, en esta modalidad participaron el ex ministro de Hacienda el investigado Donald Guerrero, el ex Contralor General Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Ángel Lockward, quienes supuestamente desviaron fondos públicos con la anuencia además del fenecido ex director de Bienes Nacionales y el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, usando empresas de la estructura y cobros de cesiones de créditos valiéndose del motivo de deuda inexistente.
Mejía Ávila está relacionado también en el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito más 55 millones de pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados, incluyendo tres exministros, en el caso de corrupción y financiamiento ilegal de campana en el caso bautizado como «Calamar».
También solicitó que el caso fuera declarado complejo, lo cual le daría un plazo de 18 meses para completar la acusación contra los eventuales imputados.
