El ex presidente del Perú, Pedro Castillo, podría enfrentar una pena de prisión no menor de 10 años ni mayor de 20, si se le encuentra culpable del presunto delito de rebelión y, eventualmente conspiración. Esto tras intentar dar un autogolpe de estado ayer miércoles al anunciar por televisión la disolución del Congreso, la instalación de un régimen de emergencia y excepción, y que gobernaría por decreto hasta la elección de una Asamblea Constituyente en el plazo de nueve meses.
Tras su anuncio, Castillo fue destituido por el Congreso peruano en una sesión de emergencia ante los hechos. El expresidente fue posteriormente detenido por la policía mientras se dirigía a la Embajada de México para pedir asilo político. Hoy el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo se comunicó con él solicitando asilo.
Castillo permanece detenido en la sede de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional. Allí el exmandatario golpista rinde su declaración a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien desde hace meses conduce seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias contra Castillo, que también es acusado de liderar una organización criminal dentro del gobierno.
El pedido de la Fiscalía de la Nación para detener preliminarmente a Castillo por flagrancia es evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, informó el juez Juan Carlos Checkley. Según informó Radio Programas del Perú, se investiga una presunta orden de Castillo para detener a la fiscal Benavides, tras anunciar el autogolpe.
Muchos ministros de Castillo renunciaron luego del frustrado golpe. Consultados por la prensa muchos de ellos declararon que desconocían las intenciones golpistas del destituido Castillo. El ex ministro de Justicia de Castillo, Félix Chero, comentó que en algún momento “tendrá que salir a la luz quienes fueron los que indujeron a Pedro Castillo a tomar esa decisión [cerrar el Congreso]”.
Su exabogado Benji Espinoza, dijo en una entrevista radial que desconocía lo que Castillo tenía pensado hacer. Incluso señaló que había conversado con él temprano en la mañana para afinar los detalles de la defensa que presentaría en el Parlamento ese mismo día.
“Ya tenía construida la defensa y los argumentos”, dijo Espinoza, quien presentó su renuncia irrevocable a la defensa de Castillo y su esposa. El abogado calificó los actos de Castillo como una traición a su relación abogado-cliente. Quien al parecer ahora fungirá como abogado de Castillo es quien hasta ayer era su presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Torres estuvo con el expresidente cuando fue detenido.
Circuló en redes una fotografía en la que aparecen Castillo y Torres durante la detención, flanqueados por los coroneles de la policía Harvey Colchado y Walter Lozano. Ambos forman parte del Equipo Especial de Lucha contra la Corrupción el Poder, y a quienes Castillo y Torres intentaron retirar de las investigaciones en su contra.
Por José Andreu Figueroa. Miami, Florida
