El presidente del Perú, Pedro Castillo, ha renovado su estrategia para evitar enfrentar a la justicia luego que a inicios de este mes la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el mandatario por supuestamente liderar una organización criminal dentro del gobierno. Mientras Castillo presentó un recurso de amparo ante el Congreso para anular la investigación en su contra, sus allegados han presentado diversas denuncias contra la fiscal Benavides.
Más recientemente Castillo también ha invocado la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras argumentar que el concierto de denuncias en su contra son un plan orquestado por la Fiscalía y el Congreso para desestabilizar el orden democrático en el Perú. Y que él y su administración son víctimas de una “nueva modalidad de golpe de estado”.
El Consejo Permanente de la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, admitió el 20 de octubre el recurso de Castillo y enviará una misión al Perú para constatar in situ lo que pasa. Específicamente Castillo en su carta a la OEA invocó la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática que determinan que la OEA debe actuar ante hechos que puedan poner en riesgo “el proceso político institucional democrático”.
Mientras esto sucedía, un grupo de parlamentarios de la oposición, encabezados por el presidente del Congreso, José Williams Zapata, convocó a una conferencia de prensa en la que informaron que habían enviado una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Jan Marten Willem Schalkwijk, en la que expresaban su preocupación por la invocación de Castillo a la Carta Democrática cuando, en resumen, los acontecimientos que generaron todas las denuncias contra el presidente son producto de sus propios actos y no de una persecución política.
“Lo que decida la OEA […] no va a afectar los procedimientos que tengan que realizar las agencias del estado como el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo”, dijo Williams Zapata ante los medios. Ya algunos expertos en el Perú avizoran que el mayor perjudicado con una visita de observadores de la OEA será el propio Pedro Castillo.
El ex presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, declaró al diario La República que Castillo ha sido “muy mal aconsejado” al acudir a la OEA y comentó que cuando los observadores hablen con las instituciones involucradas en las investigaciones contra Castillo se darán cuenta que en el Perú “están funcionando las instituciones democráticas”.
En el frente interno de la estrategia de defensa de Castillo, las denuncias contra la Fiscal de la Nación proceden de congresistas de bancadas afines al mandatario. Como Betssy Chávez, congresista de Perú Democrático y ministra de Cultura, quien ya ha presentado hasta tres recursos en contra de la fiscal de la Nación. La acusa de violar la Constitución y ser parte de un plan para desestabilizar al gobierno. Chávez junto a su bancada y otros abogados no congresistas han denunciado constitucionalmente a Benavides acusándola de delito de prevaricato.
La ola de denuncias contra la fiscal de la Nación por parte de allegados políticos a Castillo, es simplemente una maniobra de distracción. Así lo evalúan especialistas consultados por diversos medios peruanos. Todos coinciden que la mejor respuesta sería que Castillo responda a la justicia sobre las seis investigaciones por corrupción que se le siguen.
Incluso el Cardenal, Pedro Barreto, pidió que Castillo renuncie y que se consulte la posibilidad de adelantar las elecciones para acabar con la crisis política. Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el 52% de los peruanos cree que el presidente está involucrado en actos de corrupción. Un 29% piensa que no lo está.
¿De qué trata la denuncia constitucional?
El 53% de los encuestados por IEP aprueba la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Castillo. La fiscal Benavides justificó la denuncia constitucional declarando, sin precisar cuales, que hay “muy graves y reveladores indicios” de la existencia de una red criminal dentro del gobierno. Castillo argumenta que la denuncia de la fiscalía es inconstitucional pues, según la Carta Magna peruana al presidente solo se le puede acusar de traición a la patria, imposibilitar el funcionamiento de las instituciones electorales o disolver el Congreso de manera irregular.
La fiscal defiende la validez de la denuncia, argumentando que es la única vía para determinar si funcionarios en ejercicio con inmunidad han cometido delitos de corrupción o abuso de autoridad. Tras el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se convocará a Castillo ante el Congreso para que ejerza su defensa ante la Fiscalía, testigos y peritos. Luego de elaborarse un informe sobre las audiencias se someterá a votación en el Congreso para saber si la acusación procede.
La denuncia constitucional necesita el voto favorable de más de la mitad de los congresistas. De lograrse, la Fiscalía de la Nación podrá elevar una denuncia penal contra Castillo ante la Corte Suprema. En ese escenario, el mandatario estaría muy cerca de ser suspendido o destituido por el Congreso.
Por José Andreu Figueroa. Miami, Florida
